Hace dos semanas, María Reyes, Marisela López y Juan José Rosales llegaron a los Bufetes Jurídicos de Servicio Social de la UdeG para que les brindaran asesoría. La primera no quería que la desalojaran de su casa, en la que vive desde hace 40 años; la segunda buscaba que la apoyaran para realizar un cambio en un acta de matrimonio de su madre, y el tercero pretendía arreglar unos documentos para volver a circular en su camioneta, que recuperó 15 minutos después de ser robada.

El coordinador jurídico Guillermo Ramos informa que en lo que va del año han atendido mil 500 casos, en su mayoría relacionados con problemas de desalojo y divorcios contenciosos. Señala que las personas sólo deben pagar 50 pesos por asesoría y 200 pesos mensuales si desean llevar a cabo el juicio. “Por un divorcio contencioso, un abogado te está cobrando por fuera cerca de 12 mil pesos, más los gastos que se generan dentro del mismo juicio, como edictos y copias certificadas… con nosotros lo más que vas a pagar son mil 400 pesos”.

Por su parte, el ITESO también cuenta con un espacio similar: la Clínica Ignacio Ellacuría. La coordinadora, Claudia Estrada, indica que se facilita el acceso a la justicia a personas de bajos recursos.

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